Quien contamina paga

Doraldina Zeledón Úbeda

“Quien contamina paga” es un principio internacional del Derecho Ambiental. Significa que las empresas, instituciones, organizaciones, partidos políticos, países y personas que contaminan deben asumir los costos que implica esa contaminación. Se debe evitar que las víctimas, el Estado o la sociedad asuman los costos por los efectos adversos de sus actividades sobre el medio ambiente y las personas.

Después de las elecciones, las alcaldías están limpiando o buscando cómo limpiar la basura que dejó la campaña. Algunos alcaldes dicen que los partidos políticos es difícil que paguen y que solicitarán apoyo al Consejo Supremo Electoral para que les ayude: de lo que corresponde rembolsar a cada partido en concepto de gastos en la campaña, que se le retenga lo concerniente a la limpieza de la basura electoral.

Hay dos situaciones, en primer lugar, debería estar establecido en la Ley Electoral; segundo, si se paga por esta vía, sería el pueblo quien pague con sus impuestos, y no quien contamina. Pero al menos que no se les regrese lo que significa el desmontaje; sin embargo, el costo en recursos, y el costo que significa para el medioambiente toda esta basura, seguirá sin pagarse.

Quienes deberían pagar son los partidos políticos y las agencias de publicidad. El presupuesto de las campañas debería incluir el desmontaje. Pero como esto tampoco arregla el problema ambiental y de gastos, debería establecerse un costo máximo para las campañas. Y no sólo para asumir la descontaminación, debe establecerse una cantidad máxima de soportes publicitarios. Se debe cuantificar todo, por varias razones: evitar la contaminación con la propia campaña, evitar que el pueblo pague el desmontaje; minimizar la producción de residuos; ahorrar recursos. Porque no es ético que mientras haya tanta pobreza se gaste tanto en promesas (alguien dirá que soy ingenua al pensar en ética electoral, pero a lo mejor sí es válido, si se reconcilia la necesidad con el derroche). Y es injusto que cerca de un ranchito a oscuras en la carretera haya un gran rótulo iluminado y a todo color; que por todas las calles haya mantas publicitarias, mientras por todas las calles y campos andan personas con trapos rotos. Es una burla que mientras en el Hospital Materno Infantil Fernando Vélez Paiz haga falta un rótulo para pedir a los conductores que no suenen la bocina, haya cientos de mensajes electorales ofreciendo salud y besando niños y niñas. Es triste que mientras se gasta tanto en las campañas, haya estudiantes que no tienen cuadernos, ya no digamos los que ni siquiera tienen acceso a la escuela. Bueno, podría todo esto ser aceptable si gracias a tanta publicidad, las personas no olvidan las promesas de todos los partidos y exigen para que se hagan realidad con el actuar de todos los electos.

Pero “quien contamina paga” no se refiere sólo a los políticos. Incumbe a todo el que contamina. Por ejemplo, ante los malos olores o los gases emanados por una fábrica, o los residuos que pudren las aguas y el aire, como en el valle de Sébaco, la gente tiene que gastar en recuperar su salud. Ante el ruido de un restaurante, una discoteca, una fábrica, las víctimas, si pueden, tienen que acondicionar sus casas para evitar la inmisión sonora y gastar en medicina debido a los efectos que sufren, pero quien debe asumir todos esos gastos es la empresa que contamina. Dice la Organización Mundial de la Salud que “los responsables de la fuente de ruido deben asumir los costos totales asociados con la contaminación sonora (incluido el monitoreo, manejo, reducción y supervisión)”.

Hay que enfatizar que el principio “quien contamina paga” no se refiere sólo a indemnizar o a mitigar los daños al medioambiente, sino a invertir para evitar la contaminación. No significa que voy a contaminar y luego voy a pagar, sino evitar la contaminación pagando para implementar medidas preventivas; de ahí que los principios del Derecho Ambiental van concatenados: junto a quien contamina paga tenemos los principios de prevención y precaución.

Para asegurar que las empresas indemnicen, hay muchos instrumentos, como el seguro ecológico. Un requisito para cada partido debería ser este seguro no sólo para desmontar la campaña, sino para indemnizar a quienes fueron afectados, por ejemplo, los controlistas de los estruendosos equipos de sonido.

Ojalá que para las futuras campañas los partidos políticos ya tengan seguro ecológico, para que las alcaldías, vale decir el pueblo, no asuman el desmontaje de la basura electoral. Esto debería ser para todas las empresas, instituciones y organizaciones contaminantes.


El Nuevo Diario - Managua, Nicaragua - Miércoles 29 de Noviembre de 2006 - Edición 9446
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